El embargo talibán pasó de una lista a un territorio

Un embargo de armas puede cerrar una vía legal de suministro sin decirnos cuántas armas ya había en el almacén.

Esa es la lección estrecha, pero importante, de la restricción de la ONU sobre los talibanes. SIPRI recoge que la Resolución 1333 del Consejo de Seguridad, adoptada el 19 de diciembre de 2000, estableció un embargo obligatorio de armas en las partes de Afganistán bajo control talibán. La resolución abarcaba armas y material relacionado, incluidas armas, municiones, vehículos y equipos militares, equipos paramilitares y repuestos. También prohibía el asesoramiento técnico, la asistencia y la formación relacionados.

La norma fue inicialmente territorial. Se exigió a los Estados que impidieran el suministro, la venta y la transferencia, directos o indirectos, a territorio bajo control talibán. La Resolución 1333 también permitía excepciones limitadas para equipos no letales destinados exclusivamente a uso humanitario o de protección, sujetas a la aprobación previa del comité pertinente de la ONU. La restricción jurídica era amplia, pero no equivalía a afirmar que todas las rutas de acceso a Afganistán hubieran quedado cerradas.

Luego cambió la cronología. SIPRI sitúa la suspensión del embargo territorial el 16 de enero de 2002, cuando la Resolución 1390 modificó la restricción de armas para que se aplicara a las ventas o suministros a los talibanes o a Al Qaeda con independencia del lugar. Ese cambio importa porque “un embargo sobre Afganistán controlado por los talibanes” y “un embargo sobre los talibanes dondequiera que se encuentren” describen alcances jurídicos distintos.

La historia anterior también importa. SIPRI registra un embargo de armas no obligatorio sobre Afganistán en la Resolución 1076, en octubre de 1996, impuesto como respuesta al conflicto en curso. SIPRI señala que esa medida nunca fue levantada oficialmente, pero su finalidad quedó obsoleta por el embargo obligatorio adoptado más tarde. Un titular que arranca en diciembre de 2000 sin esta precisión puede hacer que la cronología parezca más limpia de lo que fue.

La Resolución 1333 no era una norma de adquisición neutral y desvinculada de la política. El Consejo de Seguridad actuó al amparo del Capítulo VII y condenó que los talibanes proporcionaran refugio y adiestramiento a terroristas. Exigió a los talibanes que cerraran los campos de entrenamiento terrorista y entregaran a Osama bin Laden. Las disposiciones sobre armas formaban parte de un conjunto más amplio de medidas sobre terrorismo, estupefacientes, representación diplomática y apoyo militar.

La resolución también reconocía un problema de aplicación. Como el embargo se aplicaba inicialmente al territorio bajo control talibán y no a todo el Estado de Afganistán, el Consejo de Seguridad pidió mecanismos de vigilancia. SIPRI registra que un Comité de Expertos elaboró un informe sobre su aplicación y que en julio de 2001 se creó un Grupo de Supervisión en virtud de la Resolución 1363. La existencia de un sistema de vigilancia es prueba de una dificultad de aplicación, no de que la ejecución haya tenido éxito o fracaso en todas partes.