Eritrea y Etiopía fueron ambas objeto de embargo. La guerra no favoreció a un solo bando.

Durante la guerra entre Etiopía y Eritrea, las Naciones Unidas no detuvieron un envío concreto. Cerraron la vía ordinaria para nuevo suministro militar extranjero.

El 17 de mayo de 2000, el Consejo de Seguridad adoptó por unanimidad la resolución 1298. La resolución condenó la continuación de los combates entre Eritrea y Etiopía y decidió que todos los Estados debían impedir la venta o el suministro a ambos países de armas y material relacionado de todo tipo. La medida abarcaba armas y municiones, vehículos y material militares, equipo paramilitar y piezas de repuesto. También abarcaba la asistencia técnica y la formación relacionadas con el suministro, la fabricación, el mantenimiento o el uso de esos elementos.

La restricción era obligatoria y se impuso por 12 meses. El registro de la ONU señala que el Consejo decidiría al final de ese período si ampliaba las medidas, en función de si los dos gobiernos habían cumplido la exigencia de poner fin a los combates y reanudar las conversaciones de paz. Las medidas también podían terminar antes si el Secretario General informaba de un arreglo pacífico y definitivo.

SIPRI registra la entrada de Eritrea como en vigor el 17 de mayo de 2000 y levantada el 15 de mayo de 2001. La fecha es cercana, pero no idéntica, al plazo de un año descrito en la resolución. Esa diferencia debe preservarse en lugar de suavizarse. La resolución estableció un marco de 12 meses; SIPRI registra la fecha posterior de levantamiento.

El embargo cubría a ambos bandos de la guerra. No fue una constatación unilateral de que solo Eritrea fuera responsable del conflicto, ni se dirigió únicamente contra un proveedor. El mecanismo fue una decisión multilateral aplicable al nuevo suministro extranjero procedente de Estados y de sus nacionales, o desde sus territorios y buques o aeronaves con su pabellón.

Hubo una excepción limitada. Las medidas no se aplicaban a equipo militar no letal destinado exclusivamente a uso humanitario, si el comité del Consejo de Seguridad lo aprobaba de antemano. Esa excepción no reabrió el mercado normal de armas, municiones, vehículos militares, piezas de repuesto o formación militar. Permitía un canal humanitario definido bajo supervisión internacional.

La cronología dio a la decisión una importancia práctica. El embargo se adoptó mientras los dos Estados seguían combatiendo, después de que el Consejo condenara las hostilidades continuadas y exigiera el cese inmediato de las acciones militares. Una restricción impuesta durante una guerra en curso puede afectar al reabastecimiento, las reparaciones y la adquisición. Pero el hecho jurídico de la restricción no es lo mismo que la prueba de que una zona concreta del frente se quedara sin munición o de que una operación militar fracasara.