Nigeria quería Super Tucanos para Boko Haram. Washington los hizo esperar.

Nigeria quería aeronaves para una insurgencia. La venta propuesta primero tenía que superar un filtro de derechos humanos en Washington.

La venta de A-29 Super Tucano no fue una simple transacción comercial. Nigeria buscaba el avión de ataque ligero para su campaña contra Boko Haram, pero Estados Unidos suspendió el acuerdo por preocupaciones sobre el historial de derechos humanos de las fuerzas armadas nigerianas. La suspensión de la administración Obama hizo que las aeronaves quedaran políticamente indisponibles, aunque la plataforma era técnicamente adecuada para la misión que Nigeria describía.

La secuencia está registrada por el Council on Foreign Relations. Su relato dice que la venta recibió aprobación inicialmente, luego fue suspendida bajo la administración Obama y finalmente fue autorizada para seguir adelante por la administración Trump en 2017. Defense News informó en agosto de 2017 que el Departamento de Estado había aprobado una posible Venta Militar Extranjera por 593 millones de dólares que incluía 12 aeronaves A-29. La cifra era un valor estimado del paquete, no una afirmación de que Nigeria pagara esa cantidad solo por los aviones.

Las aeronaves estaban destinadas a una guerra concreta. El CFR describe al Super Tucano como un avión turbohélice ligero y dice que Nigeria lo buscaba entre una gama más amplia de equipos militares estadounidenses. Los partidarios presentaron la venta como una forma de mejorar la capacidad de Nigeria contra grupos yihadistas. Organizaciones de derechos humanos y algunos miembros del Congreso se opusieron, argumentando que un apoyo estadounidense más profundo a las fuerzas armadas nigerianas entrañaba riesgos.

Ese desacuerdo creó el veto. Nigeria podía identificar una necesidad militar y una aeronave adecuada. El gobierno de Estados Unidos seguía pudiendo denegar el acceso porque consideraba políticamente inaceptables en ese momento al usuario final y la relación propuesta. El problema no era un defecto del A-29 ni un fracaso de Nigeria al elegir una plataforma. Fue una decisión de exportación vinculada a la conducta de la fuerza receptora.

Las preocupaciones no eran abstractas en el registro. El CFR describe a las fuerzas armadas nigerianas como una institución con reputación de abusos de derechos humanos y dice que la suspensión contribuyó a un deterioro de la relación bilateral. También recoge que un embajador nigeriano acusó a Estados Unidos de complicidad no intencionada en la violencia de Boko Haram porque Washington se había negado a entregar el equipo que Nigeria quería. Se trata de una queja política atribuida, no de una prueba de que la negativa causara las operaciones de Boko Haram.

El caso contrario también era específico. Los partidarios sostenían que fortalecer a un socio podía ayudar a destruir grupos yihadistas y que una mejor selección de objetivos podría reducir las bajas civiles y la alienación. Esos argumentos no borraban la preocupación de que aeronaves suministradas a una fuerza acusada de abusos pudieran usarse contra civiles o contra objetivos fuera de la misión contrainsurgente declarada.