Manila firmó un acuerdo por 16 helicópteros canadienses. Duterte canceló el acuerdo.
Canadá revisó el acuerdo de 233 millones de dólares con Bell 412 tras una disputa sobre el uso final. Luego el presidente filipino ordenó su cancelación.
Un helicóptero puede venderse como aeronave de rescate y aun así convertirse en una cuestión de contrainsurgencia. Ese fue el problema con el pedido filipino de Bell 412.
El 6 de febrero de 2018, Canadá y Filipinas anunciaron un acuerdo de 233 millones de dólares para 16 helicópteros utilitarios Bell 412EPI. Reuters informó que el contrato se había firmado formalmente el día anterior. Se esperaba que los helicópteros fueran entregados a comienzos del año siguiente. En el plazo de un día, el gobierno canadiense ordenó una revisión.
La revisión siguió a un desacuerdo sobre el uso final. El ministro de Comercio canadiense, François-Philippe Champagne, dijo que el acuerdo se había hecho con el entendimiento de que los helicópteros se usarían para búsqueda y rescate. El mayor general filipino Restituto Padilla, jefe de planes de las fuerzas armadas, dijo a Reuters que las aeronaves se emplearían en operaciones de seguridad interna, además de búsqueda y rescate y ayuda en casos de desastre. La descripción de la misión cambió el carácter político de la venta.
Las aeronaves eran helicópteros utilitarios de combate Bell 412EPI. El secretario de Defensa filipino, Delfin Lorenzana, dijo que su función sería transportar personal y suministros, evacuar a soldados heridos y apoyar la asistencia humanitaria y la respuesta ante desastres. Subrayó que no eran aeronaves de ataque ni de apoyo cercano. También dijo que, si Canadá cancelaba la venta, Filipinas adquiriría helicópteros en otro lugar.
Esas declaraciones no eran idénticas a la preocupación de Ottawa. Se le preguntó al primer ministro Justin Trudeau si temía que los helicópteros pudieran usarse contra ciudadanos filipinos. Respondió: “Absolutamente.” Champagne dijo que los derechos humanos eran un elemento clave de la política exterior y comercial canadiense. El reporte de Reuters citado no publicó una conclusión final de Canadá que determinara que las aeronaves serían usadas ilícitamente. Registró una revisión provocada por la discrepancia entre la misión acordada y la función de seguridad interna declarada por los militares filipinos.
El gobierno filipino cuestionó la implicación. Un portavoz del Ministerio de Defensa dijo que era injusto equiparar en general las operaciones de seguridad interna con violaciones de derechos humanos o juzgar a las fuerzas armadas mientras las acusaciones seguían sin verificarse. Esa negativa importa. El relato trata de la preocupación de un gobierno por un posible uso, no de una prueba de que los helicópteros se hubieran utilizado para abusos.
El contrato fracasó por una decisión política en Manila. El 9 de febrero, el presidente Rodrigo Duterte ordenó a las fuerzas armadas que cancelaran el acuerdo y buscaran otro proveedor. The Philippine Daily Inquirer recogió sus palabras: “No sigan adelante, y de alguna manera buscaremos otro proveedor.” El 13 de febrero, el departamento de Defensa filipino emitió una notificación a la Canadian Commercial Corporation rescindiendo el contrato para 16 helicópteros utilitarios de combate Bell 412. Xinhua informó la declaración del departamento según la cual la revisión canadiense había precipitado la terminación.
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