El embargo de armas de la ONU sobre Yemen no apuntó a Yemen. Nombró a personas.
La resolución 2216 prohibió las transferencias directas e indirectas a personas y entidades designadas por el Comité desde abril de 2015.
La ONU no trató a Yemen como un comprador indiferenciado. Vinculó la barrera de armas a personas y entidades designadas en el régimen de sanciones.
El Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2216 el 14 de abril de 2015, cuando el conflicto en Yemen se estaba intensificando. El resumen del Consejo indica que la resolución impuso un embargo de armas selectivo contra las personas o entidades designadas por el Comité. También designó a dos personas adicionales para medidas selectivas e incorporó las violaciones del embargo selectivo a los criterios de sanción.
La resolución siguió al avance hutí y al colapso de la transición política. La información de la ONU en ese momento decía que el Consejo estaba alarmado por la escalada militar y por el rápido deterioro de la situación humanitaria. Por tanto, la medida fue una decisión adoptada durante un conflicto activo, no una constatación posterior sobre un campo de batalla ya estabilizado.
Los destinatarios nombrados importan. UN News informó de que la resolución añadió a Abdulmalik Al-Houthi y a Ahmed Ali Abdullah Saleh a la lista de personas sujetas a sanciones impuestas en virtud de la Resolución 2140. La resolución también impuso un embargo de armas para impedir el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta a Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al-Hakim, Abd Al-Khaliq Al-Huthi y a las personas y entidades designadas por el Comité establecido en virtud de la Resolución 2140.
Eso es una restricción jurídica selectiva. No es lo mismo que afirmar que todos los grupos armados, organismos gubernamentales o actores civiles yemeníes estaban sometidos a un mismo embargo idéntico. Un país puede figurar en un régimen de sanciones mientras la prohibición operativa recae sobre personas y entidades designadas. La redacción debe mantenerse porque determina quién afrontó la barrera formal.
El mecanismo actuaba aguas arriba. Los Estados miembros debían impedir el suministro, la venta o la transferencia, directa o indirecta, de armas y material conexo a los destinatarios nombrados o designados. Por tanto, un proveedor tenía que tener en cuenta la condición del destinatario antes de tratar una transacción como comercio ordinario. La resolución no necesitaba identificar una compra cancelada para crear esa barrera de autorización.
La resolución no indica cuántas armas poseían las personas o entidades nombradas, ni si algún proveedor intentó obtener una licencia, ni si el embargo modificó los inventarios del campo de batalla. Tampoco establece con qué eficacia se hizo cumplir la restricción durante la guerra.
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