El mercado legal de armas de Libia pasó por un comité de sanciones

El mercado de armas de Libia quedó cerrado por el derecho internacional. No quedó sellado sin excepciones.

El 26 de febrero de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la resolución 1970 e impuso un embargo de duración indefinida sobre el suministro de armas y equipo militar hacia y desde Libia. La decisión siguió a la represión gubernamental de las protestas y al estallido de la violencia. El embargo era obligatorio y se estableció un Comité de Sanciones para supervisarlo.

La primera norma era, por tanto, simple. Un proveedor no podía tratar a Libia como a un cliente ordinario. Las armas y el equipo relacionado requerían un cauce a través de las restricciones internacionales, no solo un vendedor y un comprador dispuestos. La Unión Europea siguió con sus propias medidas restrictivas el 2 de marzo de 2011, aplicando la decisión de la ONU en su marco jurídico.

Las excepciones eran igualmente importantes. La resolución 2009, adoptada el 16 de septiembre de 2011, permitió transferencias al nuevo Consejo Nacional de Transición de Libia, la autoridad entonces reconocida como gobierno de Libia, si se notificaba previamente al Comité de Sanciones y este no emitía una decisión negativa en un plazo de cinco días hábiles. La resolución también abarcó armas pequeñas, armas ligeras y material relacionado exportados temporalmente para uso exclusivo del personal de la ONU, representantes de los medios, trabajadores humanitarios y personal de desarrollo, de nuevo sujetos a notificación previa y a la ausencia de una decisión negativa.

Eso no era un canal normal de contratación. Era un proceso de autorización ligado a una prueba política. La cuestión no era solo qué quería adquirir Libia. Era qué autoridad libia podía recibirlo, si la transferencia se ajustaba a una finalidad autorizada y si el comité aceptaba la notificación.

El sistema cambió de nuevo en marzo de 2013. La resolución 2095 eliminó el requisito de notificación para el equipo militar no letal destinado a uso protector humanitario y para el equipo no letal, la asistencia técnica, la asistencia financiera y el entrenamiento prestados al gobierno libio. La distinción importaba. Abrió algunas formas de apoyo sin reabrir en general el mercado de armas letales.

En agosto de 2014, cuando la violencia volvió a recrudecerse, la resolución 2174 endureció el proceso. SIPRI registra que entonces los suministros de armas y material relacionado a Libia requerían la aprobación previa del Comité de Sanciones. El sistema anterior permitía que una transferencia siguiera adelante si no llegaba una decisión negativa en cinco días hábiles. La norma posterior trasladó la carga en sentido contrario. El silencio ya no bastaba.